La semana pasada fui citado con cinco procesos penales en mi contra iniciados a título personal por el prefecto del Guayas, Jimmy Jairala. En ellos me acusa del delito de injurias calumniosas, por el que pide que se me condene a 2 años de prisión en cada juicio. También buscan que yo pague una indemnización de 250 millones de dólares, además de los honorarios de su abogado en este asunto, Gutemberg Vera.

Al respecto debo reiterar lo que los guayasenses ya saben: todas las irregularidades que denuncié en la campaña electoral están documentadas. Corresponden a informes de la Contraloría General del Estado. Todo lo que declaré en campaña electoral no son más que hechos reales que cada guayasense está en su legítimo derecho de conocer. Tanto el opositor más intransigente como el oficialista más leal deben poder enterarse de cómo se administra su dinero.

El proceso que en estos días se llevará en mi contra busca sentar un precedente nefasto: que la susceptibilidad de un funcionario siempre valdrá más que el derecho a la libre información y expresión. Que cuando la ciudadanía fiscaliza, el poder castiga en lugar de responder. Si el Prefecto del Guayas y sus colaboradores discrepan con lo que he denunciado, lo democrático sería que lo rebatan con transparencia. Que le expliquen a Guayas con frontalidad cómo se ha gastado el dinero y por qué han actuado como han actuado. Pero hasta el día de hoy nadie tiene una sola respuesta.

Por mi parte, mantengo en firme mi compromiso con crear un Ecuador más libre y de oportunidades. Seguiré fiscalizando como ciudadano y denunciando lo que lesione los intereses de los guayasenses. Mi respaldo continúan siendo la verdad y el apoyo de la inmensa mayoría de ecuatorianos honestos que quieren entender dónde se va su dinero.

César Monge
Director Nacional

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